La entidad de apoyo es nombrada por el juez a través de una sentencia que declara la extensión y límites en que deberá ejercerse dicho apoyo. Pueden ser personas de apoyo los familiares o allegados de la persona con discapacidad, y en los casos en los que no pueda ser posible, el Código Civil ha previsto que pueda ejercitar estas funciones las entidades sin ánimo de lucro, como las Fundaciones, que tengan entre sus fines la protección de menores o incapaces. El ejercicio de las figuras de guarda encomendados por la autoridad judicial es uno de los pilares sobre los que se asienta nuestra Fundación.

Nuestro trabajo se centra, fundamentalmente, en la defensa y protección de aquellas personas adultas con discapacidad que necesitan apoyos, procurando en todo momento su mejor integración en la sociedad, la defensa de sus derechos y sus intereses así como la administración de su patrimonio.

Conseguimos esta protección atendiendo a sus necesidades tanto básicas como instrumentales, prestando asesoramiento jurídico para la correcta defensa de sus intereses y ejecutando acciones encaminadas a la prevención de situaciones de abuso, negligencia o maltrato sobre su persona o sus bienes.

Integrado en los Programas de Apoyo se encuentra también el Servicio de información y orientación, abierto tanto a personas como a entidades para que puedan consultar y resolver cualquier planteamiento vinculado a las figuras de guarda.